El principio de legalidad en crisis
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Resumen
El presente trabajo analiza las consecuencias jurídicas derivadas de los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el caso Giménez Ibáñez, relativos a la constitucionalidad de las penas privativas de libertad realmente perpetuas. Se sostiene que, una vez reconocida la incompatibilidad de tales penas con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, la decisión de la Suprema Corte provincial de ordenar a los tribunales inferiores la fijación de penas temporales sustitutivas vulnera el principio de legalidad penal y la división de poderes. A partir del examen de los fundamentos de ambas sentencias, se argumenta que la creación judicial de penas constituye una facultad reservada exclusivamente al Congreso de la Nación y que, declarada la invalidez constitucional de la sanción prevista, los tipos penales afectados carecen de una pena aplicable. Finalmente, se propone una explicación de carácter discursivo para comprender por qué el máximo tribunal provincial adoptó una solución incompatible con los principios constitucionales que decía proteger, vinculando dicha decisión con la persistencia de una retórica punitivista en el campo judicial.
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